Protecciones de Vivienda para Víctimas de Violencia Doméstica
Las víctimas de violencia doméstica se enfrentan a dificultades extremas después del abuso. Una de esas áreas inesperada es la vivienda. Por ejemplo, una víctima pudiera verse obligada a huir por su seguridad o pudiera ser incapaz de pagar renta después de que el abusador sea removido de la casa. Las víctimas también pueden enfrentarse al desalojo o a alguna otra acción adversa por parte del proveedor de su vivienda debido a la violencia doméstica. Un arrendador pudiera interponer una demanda por desalojo por daño a la propiedad o por actividad criminal causado por el abusador de la víctima o pudiera tratar de desalojar a la víctima conforme a las normas del contrato de renta de “una falta” que castigan a cualquiera involucrado en un altercado violento sin importar quien fue responsable del incidente.
Afortunadamente, existe un número de leyes estatales y federales que protegen a las víctimas de violencia doméstica de la discriminación en la vivienda aquí en New Hampshire, incluyendo la Ley de Vivienda Justa. Aunque las víctimas no son una de las clases protegidas específicamente de acuerdo con la Ley, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (“HUD”) y las cortes a través del país han encontrado que las políticas y decisiones de vivienda que afectan a las víctimas de violencia doméstica pueden ser una forma de discriminación por razón de sexo. La Ley protege en contra de actos de discriminación y prohíbe las políticas que tienen un efecto desproporcionado sobre un grupo de clase protegida. Ya que la mayoría de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, las cortes y HUD han sostenido que la discriminación en contra de las víctimas de violencia doméstica puede ser discriminación ilegal por razón de sexo de acuerdo con la Ley de Vivienda Justa.
En la práctica, esto ha llevado a que las cortes y HUD intervengan en acciones de vivienda que se dirigen a las víctimas de violencia doméstica. Esto incluye, pero no se limita, a: detener los desalojos que se dirigen a las víctimas de violencia doméstica por quejas por ruidos, daño a la propiedad y actividad criminal relacionada con violencia doméstica. Adicionalmente las cortes han constatado que la Ley de Vivienda Justa permitió a las víctimas que terminaran su contrato de renta después de actos de violencia doméstica para permitirles que huyeran. Además, las ordenanzas por perturbaciones locales que pide que los arrendadores desalojen a los inquilinos debido a llamadas recurrentes a la policía local han sido abatidas ya que tienen un efecto desproporcionado sobre las víctimas que requieren los servicios de la policía.
Los inquilinos que viven en vivienda subsidiada también pudieran estar protegidos de las acciones adversas de vivienda conforme a la Ley sobre la Violencia contra la Mujer (“VAWA”). Ésta consagra las protecciones de vivienda para las víctimas de violencia doméstica en la mayoría de los programas de vivienda subsidiada federalmente en los Estados Unidos. Conforme a VAWA, las víctimas:
No se les puede denegar la admisión o asistencia debido a la violencia o al abuso
No pueden ser desalojadas o no se les puede cancelar su asistencia debido a la violencia o al abuso
Pueden pedir una transferencia de emergencia al proveedor de vivienda por razones de seguridad
Pueden certificar por cuenta propia sobre el abuso para acceder a protecciones
Tienen derecho a la confidencialidad respecto a su estatus como sobreviviente
Pueden pedir una bifurcación del contrato de renta de una propiedad para remover al abusador del contrato de renta
Los proveedores de vivienda no pueden tomar represalias en su contra ni tampoco pueden obligarlas, intimidarlas o amenazarlas por buscar o ejercer sus protecciones de acuerdo con VAWA
Aunque las protecciones de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer son increíblemente útiles para las víctimas en propiedades subsidiadas, hay menos protecciones directas para las víctimas en vivienda privada. En NH, allí es donde la mayoría de los inquilinos viven. Aunque la ley estatal de New Hampshire por años ha incluido protecciones de desalojo para las víctimas debido a la violencia doméstica, era complicado para las víctimas tener acceso a la protección porque requería que obtuvieran primero una orden de protección antes de que pudieran tener acceso a las protecciones de vivienda. Suprimiendo ese requisito ayuda a las víctimas a que tengan acceso a seguridad de manera que mejor se ajuste a sus circunstancias individuales.
En 2024, la legislatura de New Hampshire aprobó una ley nueva para ampliar las protecciones de leyes estatales basadas en aquellas de VAWA. Las protecciones nuevas son aplicables a las víctimas que residen en apartamentos privados y subsidiados y entraron en vigor el 1 de enero, 2025. Ahora las víctimas pueden certificar más fácilmente su estatus como víctimas para obtener acceso a las protecciones y pueden terminar sus contratos de renta antes y mudarse para escapar del abuso. Estas protecciones asegurarán que la mayor cantidad de víctimas posible puedan permanecer seguras en su vivienda a pesar de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.
El Proyecto de Vivienda Justa de NHLA ayuda a los inquilinos que se enfrentan a discriminación en la vivienda y al desalojo. Si usted o alguien que usted conozca ha sufrido discriminación por razón de sexo en la vivienda o es una víctima que se enfrenta a un desalojo, póngase en contacto con el Proyecto de Vivienda Justa de NHLA al 1-800-921-1115 para ver si podemos ayudarle.