Muchas personas desean seguir viviendo en su casa al envejecer, aun cuando su salud física empieza a decaer. Para los inquilinos y los dueños de casa esto puede presentar retos e involucrar conversaciones importantes entre las familias acerca de la posibilidad de continuar viviendo independientemente y los planes de como apoyar a estos individuos. Sin embargo, hay ocasiones cuando estas conversaciones francas pueden pasar de cuidar el mejor interés de alguien a discriminación intencional por discapacidad o por edad cuando la persona que inicia la conversación es un proveedor de vivienda. 

La Ley de Vivienda Justa federal (FHA, por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación basada en discapacidad física. Además, la ley de New Hampshire igualmente protege en contra de la discriminación por edad. Un proveedor de vivienda que dirija a un inquilino que desea continuar viviendo independientemente a un centro de vida asistida basado en su discapacidad pudiera ser una práctica ilegal según la Ley de Vivienda Justa llamada “dirección”. La dirección es el acto de un proveedor de vivienda o de un profesional de bienes raíces para influir la decisión de vivienda o de vecindario de una persona basado en una de sus características protegidas. Cuando el proveedor de vivienda alienta a una persona mayor o discapacitada para que busque una vivienda de vida asistida mientras que la persona intenta permanecer viviendo independientemente, esto pudiera ser una forma de dirección.

A pesar de estas protecciones, algunos arrendadores se sienten con derecho a dar su opinión – o en casos extremos – presentan una orden de desalojo – sobre si una persona que está envejeciendo o una persona con discapacidades puede vivir de manera segura en la comunidad. Con frecuencia los proveedores de vivienda dicen que una persona “ya no puede vivir independientemente,” “pertenece en un centro de vida asistida” o “no puede vivir solo de manera segura” debido a sus discapacidades. Incluso pudieran decir que la discapacidad de un inquilino los convierte en una responsabilidad financiera para el arrendador basado en el riesgo de una demanda por lesiones personales.

Algunos arrendadores incluso se atreven a poner estas declaraciones por escrito o hasta presentan una orden de desalojo mencionando estas razones. Esto sucede aun cuando los inquilinos están pagando su renta a tiempo y no molestan a nadie. Desalojar a un inquilino porque el arrendador cree que el inquilino no es capaz de “vivir independientemente” o porque considera su discapacidad como una responsabilidad financiera es una violación de la Ley de Vivienda Justa.

Lamentablemente, los arrendadores pudieran expresar estas inquietudes – o desalojar a un inquilino por estas razones – como respuesta a cuando el inquilino pide una adaptación o una modificación razonables para adaptar su discapacidad. Por ejemplo, un inquilino con problemas de movilidad le pide a su arrendador permiso para instalar un elevador de silla como una modificación razonable y una semana después, su arrendador emite una orden de desalojo alegando que el inquilino “ya no puede vivir independientemente”. Esta no es una base legal para el desalojo y constituye discriminación por discapacidad según la Ley de Vivienda Justa federal y la ley de New Hampshire.

El Proyecto de Vivienda Justa de New Hampshire Legal Assistance ayuda a los inquilinos que se enfrentan a estas tácticas discriminatorias por parte de sus arrendadores. Si usted o alguien que usted conoce ha sufrido discriminación por discapacidad o por edad, póngase en contacto con el proyecto de Vivienda Justa de NHLA al 1-800-921-1115 para ver si pueden ayudarle.